La Defensoría del Pueblo de la provincia de Jujuy manifestó su adhesión a las consideraciones expresadas por la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) ante la preocupante situación que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), la cual tiene impacto directo en el acceso al derecho a la salud de las personas mayores en todo el país.

De acuerdo con el relevamiento realizado en distintas jurisdicciones incluida nuestra provincia, se registra un incremento sostenido de reclamos vinculados a demoras en autorizaciones de prácticas y tratamientos, dificultades en la provisión de medicamentos e insumos, discontinuidades en prestaciones de salud y rehabilitación, problemas en la asignación del sistema de médicos de cabecera y conflictos con prestadores por condiciones de contratación y pago. A ello se suman deudas millonarias con prestadores de salud que, en algunas jurisdicciones, superan los seis meses de atraso.

En este marco, la implementación de la Resolución RESOL-2026-1107-INSSJP-DE, que modifica el esquema de retribución de médicos de cabecera mediante el pago por cápita, habría generado una reducción significativa de ingresos para los profesionales, quienes han declarado un paro nacional y advierten sobre el posible abandono de la cartilla si no se revisa la medida.

La situación descripta impacta de manera directa en personas mayores que dependen del sistema, generando incertidumbre y riesgo en la continuidad de tratamientos, provisión de medicamentos e insumos y acceso a prestaciones esenciales.

En consonancia con lo planteado por ADPRA, se exhorta a las autoridades competentes a adoptar medidas urgentes que permitan regularizar pagos adeudados, revisar la normativa vigente en diálogo con los profesionales de la salud, garantizar la continuidad de prestaciones y restablecer previsibilidad y transparencia en el funcionamiento del sistema.