La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy brinda asesoramiento a las personas afectadas por la suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, sea que figuren o no en la nómina publicada oficialmente por la Agencia Nacional de Identidad (ANDIS). La decisión se da tras el fallo judicial de alcance nacional que ordenó la reactivación del pago a beneficiarios suspendidos.
La institución puso a disposición sus canales de atención para brindar información y asesoramiento gratuito.
De manera presencial los interesados podrán consultar si figuran en la nómina oficial publicada el día lunes 27 de octubre y realizar consultas sobre la reactivación de sus haberes.
Aquellas personas que no estén incluidas en dicho listado, podrán formalizar una consulta a través de la Defensoría del Pueblo que será derivada a la ANDIS con el objetivo de conocer la situación del beneficiario y acompañar las gestiones para la restitución la ayuda económica suspendida, en el caso que corresponda.
Para mencionado tramite, los interesados pueden acercarse a la oficina central de la Defensoría en Salvador de Jujuy, Arenales N° 1219, de lunes a viernes de 8 a 20 hs, o comunicarse al 4237151/ 0800 444 2010o a través de nuestra redes sociales.
Suspensiones
Cabe recordar que en el marco de las auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), muchas pensiones fueron suspendidas por factores no relacionados con los requisitos exigidos para su otorgamiento. Esta situación afectó a un gran número de beneficiarios en todo el país, que vieron interrumpido el cobro de un ingreso esencial para su sustento.
Frente a esta problemática, se impulsaron amparos colectivos que derivaron en una sentencia judicial de alcance nacional, la cual obliga al Estado a restablecer los pagos suspendidos. En cumplimiento de este fallo, ANDIS emitió la Resolución N° 13901/2025, que establece:
La reactivación de las pensiones suspendidas.
La instrucción a ANSES para liquidar los haberes retenidos durante el período de suspensión.
La suspensión de nuevas auditorías hasta que la Justicia emita una resolución definitiva sobre los casos en revisión.

